25 Mar Entrevista al Consejero Delegado, Alberto de Rosa “La Administración necesita el modelo privado para sostener el SNS”

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Redacción Médica / Javier Barbado

25/03/2014

 

 

La Dirección General de Ribera Salud, representada por el entrevistado, despeja en esta entrevista para Redacción Médica todo atisbo de duda sobre la colaboración público-privada como estrategia imprescindible para asegurar el sostenimiento económico del Sistema Nacional de Salud (SNS). Futuro específico del grupo aparte –tal cuestión atañe a sus propietarios, 50 por ciento Bankia y la otra mitad el Banco Sabadell–, la concesión administrativa o modelo Alzira como emblema de su aportación a la sanidad española “funciona bien allí donde se ha implantado”, lo que incluye a otros países como Portugal. De Rosa atribuye a un intento de crear confusión allá donde no la había; a la comunicación no del todo acertada, eso sí, con los profesionales, y a una “maraña judicial” que conducía a un futuro incierto a todos los agentes implicados el fracaso del proyecto de la Comunidad de Madrid en el que Ribera Salud participaba como concesionaria de dos hospitales públicos: el Infanta Leonor de Vallecas y el Hospital del Sureste de Arganda del Rey.

 

Ribera Salud iba a ser concesionaria de algunos de los hospitales de la Comunidad de Madrid en el plan frustrado en último término de la Consejería de Sanidad. Tal como usted lo ve, ¿qué ha sucedido con este asunto?

Bueno, desde luego era un proyecto muy ambicioso y pionero, pues era la primera vez que se transformaban hospitales PFI, ya en parte externalizados, en PPP o de bata blanca. Con lo cual era una experiencia pionera, algo en lo que nosotros ya tenemos experiencia en el Hospital La Ribera de Alzira, y, la verdad, entiendo que es un proyecto que se tenía que haber explicado mucho mejor, ampliamente, a los profesionales y a todos los agentes implicados. De todas maneras, su puesta en marcha habría sido siempre complicada, ya que era un proyecto pionero y ambicioso que seguía mucha gente en España y fuera del país, pero no hay que olvidar nunca que lo que ha pasado realmente es que ha habido una serie de jueces que ha entendido (otros entendían otra distinta) que la modificación, unos días antes de que concluyera el plazo del concurso, de las garantías que se solicitaban a las empresas, era motivo de suspensión cautelar de todo el proceso y eso es lo que ha ocurrido.

Con independencia de que era un proyecto ambicioso y de que se podían hacer cosas mejor, no hay que olvidar que esto ha sido un problema de puro Derecho administrativo. ¿Conclusiones? Que la Justicia ha sido muy lenta, ha habido varios vaivenes… No creo que se haya dado la mejor imagen posible de España en cuanto a la seguridad jurídica –y eso es algo que creo que hay que lamentar–, y, desde luego, tenemos la sensación de que se han dicho muchas mentiras con esa idea de que “una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad”. Mucha gente ha utilizado ese recurso durante este proceso. Pero creo que hay que sacar las lecturas positivas de ello y no lamentarlo. Hay que aprender y estoy convencido de que de ese aprendizaje sacaremos lecturas positivas.

Ustedes dispusieron incluso de despachos físicos en los hospitales de los que iban a ser la concesionaria. Por la parte política, por lo tanto, ¿el apoyo fue sin fisuras?

Hay que decir muy claro que, el 9 de agosto, nosotros fuimos adjudicatarios, y la Consejería nos indicó el proceso que había que seguir desde ese momento hasta la puesta en marcha. Fue un proceso que se hizo bien; montamos una oficina, estuvimos hablando con los equipos directivos y tuvimos incluso la oportunidad de hablar con los profesionales y explicarles nuestro proyecto.

Personalmente, no me cogí vacaciones en ese mes y tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y he sacado muchas conclusiones de este tema. La primera es que los hospitales Infanta Leonor y del Sureste, que son aquellos de los que fuimos adjudicatarios, son centros dinámicos provistos de magníficos profesionales. En segundo lugar, que se trata de proyectos a los que les hace falta crecer y necesita mejorar en instalaciones y capacidades; al Infanta Leonor, por ejemplo, le hace falta crecer, disponer de más camas y de mayor cartera de servicios; y, en el Hospital del Sureste, el proyecto era crear un centro de especialidades en Rivas Vaciamadrid para mejorar la asistencia al ciudadano.

Asimismo, hay una cosa que no quiero dejar en el olvido. Ofrecimos a los profesionales participar en nuestra empresa con el 30 por ciento del capital; además, podían invertir, o bien, como parte del modelo de incentivos, que parte del propio profesional médico, enfermero o administrativo fueran propietarios de la empresa. Yo creo que ofrecimos un proyecto muy profesional, muy ilusionante; de hecho, la mayor parte de la gente nos expresaba que eso abstracto que se ha dado en llamar “marea blanca” no les representaba porque ellos estaban muy identificados con hacer un gran hospital, con luchar por mejorar las instalaciones, la capacidad del centro, etc., y se sintieron tan identificados con el proyecto que les presentamos que, en el mes en que pudimos hablar con ellos, de los 198 profesionales que conversaron con nosotros, 191 firmaron un precontrato.

Hicimos, pues, un proyecto profesional; más del 95 por ciento firmó el precontrato, y, en fin, la gente estaba ilusionada con lo que era un proyecto de inversión ya que, desde mi punto de vista, al Hospital Infanta Leonor le hacen falta camas, y al Hospital del Sureste creo que es apropiado construir un centro de especialidades. Y, ante todo, me hago la pregunta: ¿Y [ahora] qué se va hacer? Porque he oído muchas cosas pero ninguna alternativa, mejora, propuesta… Yo creo que hay que reflexionar entre todas las personas y agentes que hemos participado en el proceso: partidos políticos, fuerzas sociales, organizaciones empresariales… Qué ha hecho cada uno. Nosotros hemos planteado ideas y mejoras que gustaron a los profesionales y que, a día de hoy, se ha quedado en nada.

¿Qué opciones se le presentaban a esos profesionales?

Todo el planteamiento de Recursos Humanos por parte de la Consejería, en el pliego de condiciones, era muy respetuoso. Al personal estatutario se la daba la opción de optar por quedarse o por irse a otro hospital: nadie iba a perder su plaza; y el que decidiera quedarse, podía hacerlo en calidad de estatutario o bien pasar a la empresa concesionaria con las condiciones económicas que nosotros les planteábamos.

Pero esto no es una novedad para nosotros. En la Comunidad Valenciana todos nuestros proyectos –que incluyen la atención hospitalaria y de Primaria– tienen personal estatutario. Más del 30 por ciento de la plantilla de nuestras organizaciones ostenta esa condición y, para nosotros, no solo forman parte de nuestro equipo sino, inclusive, de mandos directivos y de algún puesto intermedio.

¿Qué relación han mantenido con el nuevo consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, tras conocerse la renuncia de la Consejería al proyecto?

Sí. He de reconocer que fue una sorpresa para nosotros. La decisión judicial fue la suspensión cautelar. No se ha entrado al fondo de la cuestión y para nosotros fue una sorpresa que la Comunidad, por supuesto lícitamente, tomara la decisión de abandonar el proyecto. Es una decisión política lógicamente, entendible; la comprendemos porque ha pasado mucho tiempo y nunca se sabe adónde puede llevar la maraña judicial en que estaña inmerso el proyecto y en qué cuánto tiempo. Así que comprendo la decisión.

Pero, ¿han hablado con Rodríguez?

Sí. Hemos tenido varias reuniones y hemos conocido su posición respecto a que estábamos ante una maraña judicial que nos obligaba a abandonar el asunto. Y, por otro lado, dado que no se trata de algo ceñido a la propia administración, sino que se debe a la situación judicial, él ha mostrado su voluntad de que la adjudicación se resuelva de muto acuerdo y sin coste alguno para la administración.

Nosotros no nos hemos metido aquí para pleitear con nadie. Ni con los sindicatos ni menos aún con la administración pública. Dejamos claro que nuestra voluntad consiste en resolver nuestra situación del mejor modo posible. Sí que es cierto que somos un Consorcio, no solo está Ribera Salud, y lo configuran dos compañías del máximo prestigio: OHL y El Corte Inglés en su división de Informática. La verdad es que estamos hablando entre nosotros; hemos solicitado informes jurídicos para hacer las cosas bien… y en eso estamos. En breve tendremos un Consejo de Administración donde aclararemos todas esas cuestiones.

Pese a esa maraña judicial, no hay marcha atrás en el proyecto, ¿no es así?

Sí. El consejero lo ha dicho en público y en privado. La idea es anular este proceso en esta legislatura.

¿Descartan más hospitales con el modelo concesional en la Comunidad de Madrid?

Estoy convencido de que la colaboración público-privada constituye un modelo que, en España, va a ir a más. Indudablemente, de este proceso hay que aprender, pero, en todo caso, es irreversible. Todos tenemos que tener claros los problemas que nos acucian en la sanidad: el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) –que es algo que no va a ir a menos–; un problema de infraestructuras; de envejecimiento de la tecnología; de evolución del gasto sanitario… Y en toda esta problemática, lo que no se puede es no hacer nada. Aquí parece que estemos volviendo (voy a escribir un artículo de título Vuelta a la casilla de salida) a la situación en que se ejecutó el Informe Abril hace 23 años. Ya se advertía en él la separación entre la financiación y la provisión. Pues bien: parece que estemos volviendo no ya a los años 90, sino a los 80. No sé si se va a hacer una financiación y provisión públicas como algunos defienden; yo creo que debemos fijarnos en los países de nuestro entorno y recordar también que estamos a la puerta de un proceso electoral en 2015. Pero la colaboración público-privada, en España y en el mundo, va ir siempre a más.

Si en la Comunidad de Madrid el proyecto hubiera ido bien, ya sería el 7 por ciento de la población española el que sería atendido por un modelo público-privado. Estoy convencido de que veremos porcentajes mayores por un motivo y es el de que, en realidad, no hay otras alternativas. En los años 90, había fundaciones (la mayor parte de las cuales ha desaparecido; se ha reconvertido en funcionarios a personal), empresas públicas (que han ido perdiendo mucho del carácter de empresa y ganando en el de pública)… y lo que ha quedado como un modelo de éxito que ha funcionado allí donde se ha instalado ha sido el modelo Alzira (no solo en la Comunidad Valenciana, también en la de Madrid, no lo olvidemos: Torrejón, Móstoles, Valdemoro, próximamente en Collado Villalba). Y está claro que la administración va a necesitar al modelo privado para asegurar su sostenimiento.

No pone en cuestión el modelo, está claro…

Ése el debate de verdad: por qué, allí donde se ha implantado, el modelo Alzira ha resultado un éxito. Yo lo que pongo en cuestión es que, si se pone en marcha este proceso, y se anuncia que va a ahorrar 200 millones a los contribuyentes… pues alguien tendrá que explicar ahora qué se va a hacer con ese dinero que se iba a ahorrar. Hay varias opciones: aumentar copagos, impuestos, presión fiscal a los ciudadanos, recortar plantillas y salarios, aumentar la lista de espera o –la que a mí más me preocupa– no hacer nada y dejar el problema del déficit a las futuras administraciones.

Yo estoy en contra de eso y no me resigno a que, en España, para crecer el 1 por ciento (al parecer el objetivo del Gobierno en 2014) tengamos más del 5 por ciento de déficit público. ¿Cómo vamos a financiar 60.000 millones de euros?

No me resigno a que, en 2007, la Caja de la Seguridad Social –la que nos va a pagar las pensiones a todos los que estamos trabajando ahora– tuviera poco más de 50.000 millones ahorrados, y ya nos hemos gastado 17.000 en esta tesitura. En España debemos hacernos la gran pregunta de a quién nos queremos parecer: a nuestros socios europeos –Alemania, Suecia, Noruega, Holanda o Inglaterra– o a otros países más populistas que no voy a citar para no molestarlos.

El modelo Alzira existe en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Portugal… y funciona muy bien. Hay que decir las verdades; aquí se ha querido engañar y crear confusión, y, ante los que hablan en nombre de los profesionales, yo, personalmente, a los que he atendido en los hospitales antes citados, no he visto que se opusieran al proyecto.

Diversos agentes del sistema sanitario (políticos, economistas e investigadores, entre otros) han puesto el acento en la inexistencia de estudios serios independientes que prueben la mayor eficiencia del modelo Alzira. ¿Qué les responde?

Respondo que, en España, desgraciadamente hay pocos estudios serios, independientes y rigurosos que evalúen el sistema público tradicional, que es al fin y al cabo el 90 por ciento del sistema, así como las nuevas fórmulas de gestión, las empresas públicas y las concesiones. Soy partidario de que se haga un estudio asistencial en resultados y costes y se pongan encima de la mesa. Lo más parecido a esto que reclamo son los Premios TOP 20, donde siempre las fórmulas nuevas de gestión –con independencia de cuáles sean– han quedado muy bien en el ranking.

Por parte de Ribera Salud estamos dispuestos e interesados en la promoción de un estudio sobre el coste, en el Sistema Nacional de Salud, de cada una de las fórmulas de gestión. Eso demostraría que hay que hablar con rigor, que todos somos transparentes, que tenemos que poner sobre la mesa los datos y hacer mayor transparencia y gobernanza para dar a los ciudadanos  respuestas sobre lo que estamos haciendo.

El presidente de la Generalitat autonómica, Alberto Fabra, hizo unas declaraciones de las que, en principio, se deducía que se dejaba de confiar en el modelo Alzira en adelante. Después se aclaró que las hizo en un contexto en el que se refería a que no se prorrogaría el contrato a las actuales concesionarias antes de las elecciones autonómicas de 2015.
Una de las consecuencias del proceso de Madrid es, lógicamente, [la aparición] de viejos fantasmas que ya estaban superados hace muchos años. Recuerdo que, en Elche, hubo un barrio en el que se hizo una manifestación para que se llevara a cabo el modelo concesional, al contrario de las que hemos visto en Madrid.

Las declaraciones del presidente se referían a una respuesta a un miembro de la oposición sobre lo que iba a hacer antes de las elecciones. Su contestación fue aclaratoria; yo siempre digo, a quienes están en Valencia, que aquí no ha de haber blindaje alguno con ningún tipo de modelo. Lo bueno del sistema democrático es que son los gobiernos los que deciden si se renuevan o no los contratos, y para mí el mayor blindaje ha de ser la satisfacción de los ciudadanos. Los resultados de salud, las listas de espera y los incentivos son variables que caracterizan la concesión administrativa.

¿Hay fecha para prorrogar los contratos de las concesionarias en la Comunidad Valenciana?

Todos los hospitales tienen una fecha. El contrato es de 15 años prorrogables otros cinco. El 31 de marzo de 2018 concluye el de Hospital de Alzira. Por lo tanto, faltan cuatro años para ello, y el Gobierno podrá quedarse la concesión y gestionarlo de forma directa, prorrogarlo otros cinco años a un coste inferior porque ya estará amortizada toda la obra y la tecnología, o, en tercer lugar, sacar un nuevo concurso y aprovechar la disminución del coste de la cápita porque ya están amortizadas todas las inversiones. Pero lo importante del modelo es que eso será una decisión que tomará el Gobierno.

 

Pero si hasta 2018 no expira el contrato de la primera concesionaria que lo firmó, ¿por qué declaró Fabra tal cosa?

Porque en ningún sitio del contrato pone que haya que esperar hasta el último día. Lo que pretendía, supongo, era ceder al Gobierno que esté en la próxima legislatura esa decisión. Pero este no es un proyecto de ningún Gobierno sino de los ciudadanos.

 

 



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