03 Feb Fórmulas para un SNS más eficiente

Diario Médico / Rosalía Sierra

03/02/2014

 

 

Catorce autonomías han recurrido en algún momento a fórmulas innovadoras de gestión para manejar sus hospitales, buscando en el derecho privado una libertad de movimientos que no da el público.

 

El 26 de abril de 1997 el BOE dio la luz a la Ley 15/1997, que con un solo artículo cambió el panorama hospitalario nacional:”En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”.

 

Empezó entonces el desarrollo de fórmulas que buscaban, en general, dar más eficiencia al sistema al romper con el encorsetamiento de la gestión tradicional, dado que todas tienen en común la capacidad de dar al hospital personalidad jurídica propia, lo que le permite moverse en el ámbito del derecho privado en lo que a contratación y fuentes de financiación se refiere.

 

Así sucedió con las fundaciones, que nacieron en Galicia y posteriormente se extendieron a Madrid, La Rioja y Baleares. El modelo fundacional delega la personalidad jurídica sobre un patronato normalmente integrado por directivos del hospital, del servicio de salud, del ayuntamiento y, a veces, de la universidad a la que el centro esté adscrito.

 

El Gobierno socialista de Galicia decidió que las fundaciones fueran absorbidas por el Sergas hace siete años, y Baleares se encuentra en proceso de disolver las tres que tenía -Inca, Manacor y Son Llàtzer-, de modo que sólo mantienen este modelo Calahorra, en La Rioja, y Alcorcón, en Madrid.

 

Otra fórmula de gestión pública con derecho privado es la empresa pública, modelo elegido por varias regiones. Tienen personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propia, así como autonomía de gestión, pero su órgano directivo está formado por el servicio sanitario público.

 

Ya en el ámbito de la gestión indirecta se encuentran el PFI, que otorga a una empresa o unión de empresas (UTE) la gestión de las obras y los servicios no asistenciales a cambio de un canon anual, y la concesión administrativa, conocida como Modelo Alcira, que entrega la gestión de un hospital a una UTE que se financia por pago capitativo.

 

Diferentes modelos

Cataluña

Un modelo a medio camino entre el antiguo Insalud y ‘Alcira’
En el sistema sanitario de Cataluña, que ha tenido un desarrollo histórico propio (los recursos procedentes en origen de la Seguridad Social son menos que los creados por la sociedad civil), conviven entidades públicas con gestión administrativa (Instituto Catalán de la Salud-ICS) y gestión empresarial (consorcios y empresas públicas), informa Carmen Fernández.

Todas ellas juntas suponen el 32 por ciento de la red asistencial (Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña-Siscat). El resto de la red está formado por centros privados de dos tipos: sin afán de lucro (31 por ciento, fundaciones y órdenes religiosas) y con ánimo de lucro (37 por ciento, mayoritariamente centros sociosanitarios, de salud mental, de rehabilitación y empresas de transporte sanitario y de oxigenoterapia).

A pesar de que los proveedores privados son mayoría respecto a los públicos, estos últimos son los que concentran los grandes hospitales y la mayor parte de la red de atención primaria (80 por ciento), por lo que son los centros públicos los que se quedan con la mayor proporción (71 por ciento) del pastel presupuestario del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

Cataluña se puede decir que tiene un modelo a medio camino entre el del antiguo Insalud y el de las concesiones de la Comunidad Valenciana, sugirió días atrás la secretaria general del Departamento de Salud, Roser Fernández, en un desayuno organizado por IESE y Sanofi (ver DM del 28-I-2014) sobre la relación público-privada en el modelo catalán.

El único intento de aproximarse al modelo valenciano fue el de dejar la gestión del Hospital Clínico de Barcelona (el segundo mayor de Cataluña y un importante núcleo de investigación y docencia) en manos de una fundación participada por empresarios y profesionales pero sin presencia de la Generalitat (titular del centro). El proyecto, en el que se gastó una importante partida en asesorías, fue paralizado por un acuerdo parlamentario de CiU, ERC y PSC. Nadie ha dimitido ni ha sido destituido por ello.

 

Madrid
Un muestrario de todas las fórmulas que han pasado por el SNS

A pesar del reciente varapalo judicial que ha recibido el Gobierno madrileño y que le ha llevado a retirar el proyecto de externalización de seis hospitales, no puede quejarse Madrid de carecer de fórmulas de gestión innovadoras.

Al principio se optó por “sistemas de gestión directa con nuevas fórmulas y personalidad jurídica propia, que tienen órganos de gobierno públicos pero derecho privado y personal laboral”, explica Manuel Molina, director general de Seguimiento y Control de Centros Sanitarios de Gestión Indirecta de la Comunidad de Madrid, en referencia al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, inaugurado en 1998, y a la empresa pública Hospital de Fuenlabrada, que se puso en marcha en 2004.

Faltaban aún algunos años para que se diera el paso definitivo hacia la gestión indirecta:en 2008 se inauguraron seis hospitales nuevos -Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Tajo, Infanta Cristina y Henares- y uno trasladado -Puerta de Hierro-, construidos bajo modelo PFI por una concesionaria que “ahora funciona como empresa pública en la gestión de los servicios no sanitarios”.

Al mismo tiempo se inició el camino de las concesiones administrativas, no sin polémica, con la puesta en marcha del Hospital Infanta Elena, en Valdemoro, de IDCSalud. En la siguiente legislatura se pusieron en marcha dos nuevos ejemplos de este “modelo de concesión de gestión de servicios públicos”:el Hospital de Torrejón (de Sanitas) y el Rey Juan Carlos, en Móstoles de IDCSalud, empresa que ha construido un tercero, en Collado Villalba, que no ha entrado en funcionamiento por falta de presupuesto.
Asimismo Madrid cuenta con dos modelos de concertación con hospitales a los que se les ha adjudicado la asistencia de una población fija. Se trata del “convenio singular que desde hace años se firma anualmente con la Fundación Jiménez Díaz y el acuerdo con el Ministerio de Defensa para el uso -durante diez años- del Hospital militar Gómez Ulla”.

 

Galicia
Atención a la urbe más poblada

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) continúa gestionando todos los hospitales públicos gallegos, tras absorber en 2007 las fundaciones creadas en los años 90, pero el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo ha recurrido a la financiación público-privada para la construcción de infraestructuras hospitalarias. Las obras de edificación del nuevo Hospital de Vigo se acometen con la fórmula PFI. Una unión temporal de empresas construye el edificio y, a cambio, recibirá de la Xunta de Galicia un canon anual durante veinte años y la gestión de los servicios no sanitarios. El Gobierno ha prometido que estará funcionando esta legislatura. Seguirá repartiéndose la asistencia en la ciudad más poblada de Galicia con un hospital privado, Povisa, que ha renovado el concierto que le asigna la atención de 142.000 pacientes por 75 millones de euros al año, informa María R. Lagoa.

 

Murcia
Una empresa que murió de éxito

A nadie en el Servicio Murciano de Salud parece interesar ya la fórmula que permitió construir y equipar dos hospitales en tiempo récord y controlar a las empresas concesionarias con un canon, informa Pilar Laguna. El cierre de Giscarmsa, la empresa creada por el gobierno autonómico hace ocho años, ha hecho poco ruido. “Ha venido bien en plena crisis porque la oposición consigue gestos de no privatización sanitaria”, dice uno de sus ya exempleados. Esto dejaría en segundo plano el seguimiento estrecho de la ejecución de los contratos por parte de las concesionarias, unos 25 millones anuales, que requirió invertir más de un millón de euros en software para hacerles pagar los incumplimientos. Los hospitales de Santa Lucía y Mar Menor acaban de pasar al SMS y sus direcciones de gestión se hacen cargo de todas las tareas de limpieza, vigilancia, comida, etc.

 

C. Valenciana
El nacimiento de un nuevo modelo

La Comunidad Valenciana fue pionera en la concesión de asistencia pública, ya que cuenta desde 1999 con el modelo de concesión administrativa o modelo Alcira, en referencia al primer centro hospitalario que se rigió con él. Este modelo se basa en dos conceptos: prestación privada de servicios sanitarios y financiación pública por pago capitativo, informa Enrique Mezquita. La prestación se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público. A cambio, la Administración le abona una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los habitantes adscritos. Existen cinco concesiones administrativas en la región, que gestionan de forma integral (primaria y especializada) los departamentos de salud de Manises, La Ribera, Denia, Elche-Crevillente y Torrevieja.

 

Andalucía
Agencias públicas para 17 centros

Son cinco las empresas públicas creadas en Andalucía entre los años 1993 y 2006: la primera de ellas, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), nació para prestar asistencia a las emergencias sanitarias en toda la región; las cuatro restantes asumen la gestión de 17 hospitales públicos y prestan servicios de atención especializada a una población de 1.287.938 habitantes.

Estas entidades pasaron en 2007 a tener la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía del tipo agencia pública empresarial sanitaria. Cuentan con la participación única y directa de la Junta de Andalucía en su capital o fondo social, estando sometidas en su actividad externa al ordenamiento jurídico privado.

La Junta les encarga la función de proveedores públicos de servicios sanitarios.

 

Asturias
La solución a las obras del HUCA

Gispasa fue creada por acuerdo del Consejo de Gobierno del 17 de marzo de 2004 como empresa pública para la Gestión de Infraestructuras del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería competente en materia económica y presupuestaria y con la forma jurídica de S.A. Gispasa se constituyó como sociedad unipersonal, siendo su socio único el Principado de Asturias. El capital social inicial de la sociedad fue de 90 millones de euros. Este capital fue ampliado en dos ocasiones posteriores, aportado siempre por la Administración regional hasta alcanzar 138 millones. Su objeto social es la provisión de infraestructuras de índole sanitaria y sociosanitaria, así como la prestación de los servicios complementarios a dicha provisión. Se ha encargado del control y seguimiento de las obras de los nuevos hospitales HUCA y Álvarez Buylla, informa Covadonga Díaz.

 

Cantabria
Un PFI para un hospital existente

El contrato de colaboración público-privada para concluir las obras de la tercera y última fase del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, firmado el pasado14 de enero, es la gran novedad en gestión externalizadora de esta legislatura en la sanidad de Cantabria. La empresa adjudicataria, Ferrovial-Siec, ya ha reanudado las obras, que se ha comprometido a acabar en 16 meses, y, a cambio, gestionará los servicios no asistenciales del hospital durante los próximos 20 años por 759,24 millones de euros. El Gobierno regional, que ha librado una dura batalla en el Parlamento y en la Mesa Sectorial, ha negado que se trate de una privatización, y ha insistido en que los servicios sanitarios de Valdecilla serán atendidos por “cien por cien” personal público, ya que la adjudicataria únicamente gestionará los no asistenciales, informa Santiago Rego.



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