21 Jun El sector privado solicita que se lleve a cabo un cambio de modelo que acabe con el inmovilismo

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El Global /

21/06/2013

 

 

  • Desde este colectivo se apuesta por realizar un cambio en la política de recursos humanos del SNS con medidas que incentiven al profesional

 

  • Los expertos insisten en reclamar la necesidad de potenciar la colaboración público-privada “a todos los niveles de la gestión sanitaria”

 

La reforma del SNS pasa por aplicar fórmulas más allá de los modelos concesionales.

Los expertos consideran necesario que exista un organismo evaluador apartidista, riguroso y académico.

El debate de la colaboración público-privada en la sanidad no es nuevo en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el actual contexto, que obliga a hacer un cambio de modelo para garantizar la sostenibilidad de una sanidad universal, ha puesto en el punto de mira al sector privado con opiniones que en ocasiones parten de posturas inmovilistas.

 

Así se puso de manifiesto en el encuentro “Colaboración y eficiencia en la gestión público-privada en el ámbito sanitario”, organizado por el Grupo Contenidos de Salud e Ipsen Pharma.

 

Raimon Belenes, director general de Innovación de IDC Salud, abrió el foro refiriéndose a que la colaboración público-privada ha sido un debate recurrente desde los años 70, cuando se inició la primera oleada, con la concertación y los conciertos singulares. Le siguió la de los 90, con la externalización de los servicios no clínicos, la del 2000, con modelos concesionales como Alzira y en este momento, se estaría produciendo la cuarta oleada, con los pasos que se están dando en Madrid con la externalización de seis hospitales.

 

“No creemos que continúen los modelos de concesiones de obra pública en sanidad (PFI) porque ya se han construido todos los hospitales que se tendrían que construir. Habrá que buscar nuevas fórmulas hacia modelos de riesgo compartido, por ejemplo”, dijo añadiendo que en la actualidad existe mucha polémica por una cuestión cuyo alcance es “modesto” dado que la colaboración público-privada en nuestro país no supone más de 7.000 millones de euros, de los que 5.000 son conciertos, 1.200 de mutualismo administrativo y 700 u 800 millones del modelo concesional.

 

Al respecto, el director general de Ipsen Pharma, Thibaud Eckenschwiller, señaló la necesidad de un cambio del sistema, y puntualizó que el sector privado puede aportar oxígeno, en un momento donde el déficit financiero ahoga las cuentas públicas. “Debemos ser capaces de identificar aspectos que pueden ser positivos para el sistema público-privado en su conjunto, para el paciente y para el Sistema Nacional de Salud”.

 

Por su lado, Alberto De Rosa, director gerente del grupo Ribera Salud, comparó el momento en el que se puso en marcha el modelo Alzira con el actual señalando que de 2003 a 2009 el crecimiento del gasto ha superado el 82 por ciento frente a un crecimiento del PIB del 30, por lo que es necesaria una redefinición del modelo del Bienestar. “El modelo Alzira comenzó siendo una anécdota pero con los pasos que se están dando en Madrid cubrirá a un 7 por ciento de la población española en 15 años”, acotó añadiendo que la solución no es que el sector privado ocupe el lugar de la administración, sino que debe ser ésta quien lidere la reforma.

 

En este punto los asistentes plantearon la necesidad de que el ministerio de Sanidad tome el liderazgo y se plantee un acuerdo de bases de sostenibilidad y reformas. “La mayoría somos conscientes de la necesidad de reforma del sistema, pero esta necesidad se topa con un inmovilismo o miedo al cambio, sobre todo dentro del ámbito político que es el que debería impulsar este cambio”, afirmó De Rosa, y es que, como explicó Manuel Vilches, director de Operaciones del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), los cambios de gestión son secundarios al cambio de modelo, ya que si éste no está claramente definido, es difícil plantear las medidas.

 

“No hay un modelo a seguir, sino uno a no seguir, por ineficiente”, dijo Vilches, que apuntó a la defensa que se hace desde IDIS de la colaboración público privada, a un nivel más allá del ámbito concesional. “Estamos de acuerdo en que la financiación siga siendo pública, ya que la pagamos con nuestros impuestos por lo que el fin debería ser que el servicio prestado sea el más eficiente”, subrayó, y puntualizó que ni tener una titularidad pública da la máxima calidad, ni la titularidad privada la quita.

 

En este contexto se hace necesario un Pacto por la Sanidad que, sin embargo, se percibe como inviable por la polarización política y la falta de voluntad de adoptar las reformas necesarias. De esta opinión se mostró Belenes que aludió a que una de las grandes asignaturas pendientes es la reforma de los grandes hospitales públicos, que tienen normas de los años 70, y “paradójicamente son las grandes catedrales de conocimiento, donde están el altaterciarismo, la comunidad científica y el factor de impacto.

 

Así, el papel de las comunidades debe ser solidario, buscando una estrategia común, tal y como sugirió De Rosa. “Hay que tener una gobernanza fuerte del sistema desde el gobierno central y actuar planificando con las comunidades de un modo ordenado”.

La conclusión a este respecto es que la sostenibilidad y la eficacia han de ser el objetivo, ya que como expuso Eckenschwiller el sistema tiene que estar gestionado de la forma más eficaz posible y en la actualidad no es así, porque no es sostenible y falta el coraje para llevar a cabo las reformas necesarias.

 

Riesgo compartido

Parte de esas reformas pasan precisamente por la búsqueda de nuevas fórmulas como pueden ser establecer un modelo concesional de gran hospital universitario, plantear la gestión territorial de patologías o potenciar los contratos de riesgo compartido (como en el caso de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de un servicio de alta tecnología). Los acuerdos de riesgo compartido son aplicables a hospitales públicos y privados, “ya que los incentivos para compartir riesgos tienen sentido en ambos casos”, aseguró Belenes. Sin embargo, el punto negativo es su complejidad. Sobre todo en los casos en los que se establecen con la industria farmacéutica, dada la dificultad para medir resultados, por lo que se dan en mayor medida con empresas tecnológicas.

 

En este sentido, el director general de Ipsen Pharma relacionó esta dificultad con la falta de un marco estable, que también complica la posibilidad de monitorización. “Podemos conseguir acuerdos estratégicos a largo plazo entre entidades privadas, que dan visibilidad a todas las partes, pero es más interesante ir más allá del riesgo compartido, con acuerdos estratégicos más amplios”, matizó.

Con todo, las limitaciones legales de la administración pública complican los acuerdos a largo plazo, lo que no sucede en el ámbito privado, donde la fórmula, como explicó Vilches, es “tú apuestas conmigo por tiempo, yo apuesto contigo por precio”. Por su lado, De Rosa planteó que dentro del ámbito privado es más fácil alcanzar acuerdos de riesgo compartido puesto que, según explico “ambas partes son conscientes de que los dos han de ganar”.

 

Otra fórmula planteada desde IDIS fue la ampliación del modelo mutualista a otros colectivos. “Un 84 por ciento de los mutualistas eligen el modelo, eso implica que las cosas se están haciendo bien”, proponen, advirtiendo de que ya se hacen propuestas a comunidades como Cataluña, ya que son medidas que fomentan la capilaridad de los recursos y no son complejas de implantar.

 

No obstante, sí reconoció que su ampliación tiene un coste político, ya que impide ampliar la provisión existente. Asimismo, también se planteó la acreditación de la provisión según criterios únicos y volumen de actividad. “Es un error que cada uno monte su SNS, independientemente de su capacidad”, insistió Vilches.

 

Falta de evaluación

Asimismo, se abordaron asuntos como la falta de evaluación y transparencia en el SNS y los beneficios que aportaría la creación de un organismo independiente, un observatorio aceptado por todas las partes que generara datos, información y conclusiones. Y es que a pesar de cuadrar las cuentas no se logra la sostenibilidad a largo plazo, por lo que preocupa que el flujo de innovación se entorpezca.

Sobre esta última redunda la bajada de salarios de los facultativos, sobre todo en comparación con otros países, algo que elimina las expectativas dentro del ámbito público, empeora la productividad y acaba con la generación más formada. Esto lleva a la cuestión del manejo de los recursos humanos en el SNS, otra de las asignaturas pendientes. “Se necesita una política de RR.HH. que reconozca la aportación del profesional al sistema con medidas de incentivación”, reivindicó De Rosa, quien aseguró que en el SNS”no hay política de recursos humanos”. En este punto, Belenes remachó que “el SNS nació con un pecado original, la funcionariación del médico”. Algo que habría que cambiar.

 

Una mayor meritocracia

Este cambio del sistema iría orientado a la medición de resultados, desechando la antigua máxima de que lo único que hay que hacer es “cumplir con el presupuesto”, reclamó Vilches. Además, es necesaria una mayor flexibilidad.

Por su parte, Eckenschwiller planteó la idea de que la calidad de la atención podría estar deteriorándose: “acudir a una farmacia y que el medicamento no esté disponible era algo impensable hace tres años”. Con todo, el ciudadano valora de forma positiva al SNS, el nivel de confianza se mantiene en las últimas encuestas sobre todo en lo que a los médicos se refiere, pues están a la cabeza de los diferentes colectivos de profesionales.



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