13 May Legalidad y Eficiencia

Gaceta Médica /

13/05/2013

 

 

 

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la semana pasada el recurso de 50 senadores socialistas contra el proceso de externalización de seis hospitales de la red madrileña, pero no parece que esto vaya a afectar a los planes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Primero, porque no ha aplicado ningún efecto suspensivo. La externalización de los seis centros hospitalarios continuará su curso mientras el Constitucional toma una decisión.

Segundo, porque esta fórmula de gestión privada de hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud ya está contemplado en la legislación vigente y aplicada en numerosas ocasiones. Amparadas por el derecho, comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía han avanzado por esta dirección. Una decisión contraria del Constitucional contra la externalización crearía una situación cuanto menos disparatada en las regiones que han apostado por este sistema ¿Sería la mitad de la sanidad catalana inconstitucional? ¿y el Hospital de la Ribera?

Más allá de las consideraciones legales, este modelo ofrece una serie de alternativas como la participación de los profesionales sanitarios en la gestión de los centros y el establecimiento de incentivos para los médicos que dediquen su tiempo a la formación y a la investigación, además de a la labor asistencial. Son sólo dos cuestiones que podrían dar respuesta a muchas de las ineficiencias actuales del SNS y que, aunque cueste por esa mentalidad tan frecuente en nuestro país de que no se cambia porque “siempre se ha hecho así”, deberían adaptarse al sistema público.



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