15 Abr ¿Gestión pública o privada?

La Tribuna de Ciudad Real / Pedro Peral

15/04/2012

 

 

Desde 1999, Valencia aplica con satisfación la gestión privada de la sanidad

La aguda crisis económica actual, que en España reviste especial gravedad sobre todo por el nivel de desempleo, ha puesto sobre la mesa multitud de problemas que la bonanza de años pasados había difuminado.

Entre otras disfunciones, el Estado de las Autonomías se ha desbordado hasta límites insostenibles. Y lo que es peor: los dirigentes políticos del País Vasco y Cataluña declaran abiertamente que son naciones «ocupadas» y que, como tales, gobiernan no sólo al margen, sino frente a «la otra» nación que es España. Por otra parte, todas las Comunidades Autónomas, en mayor o menor medida, gestionan sus competencias, propias o delegadas, con un muy mejorable sentido del buen gobierno, de la transparencia y de la austeridad.
Mientras Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, propone «adelgazar» las competencias autonómicas y devolver al gobierno de España las materias de Sanidad, Educación y Justicia, Mariano Rajoy se niega a reformar el sistema. Si la primera, cargada de razón, platea un desiderátum inviable actualmente, al presidente del Gobierno creo que le ha faltado matizar su postura, añadiendo dos palabras: «por ahora».

En tanto populares y socialistas se deciden a iniciar los complejos trámites de una deseable reforma constitucional, situados ya al borde del precipicio de la intervención, ésto es, que la gestión de los presupuestos públicos españoles corra a cargo de técnicos de la UE, el gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado esta semana nuevas medidas para cumplir el objetivo del déficit del 5,8% este año y del 3% en 2.013; recobrar la confianza de los inversores; estimular la economía y crear empleo.

Según el Gobierno popular, el recorte será de 10.000 millones en Sanidad y Educación; servicios esenciales que constituyen la columna vertebral del llamado Estado del Bienestar, tan en bancarrota por el despilfarro de los últimos gobiernos socialistas.
La gestión privada de un servicio público ya se practica en las autopistas de peaje. Y desde enero de 1.999, el hospital La Rivera, de Alzira, está siendo gestionado mediante contrato de concesión por una Unión Temporal de Empresas. El sistema se ha extendido a Torrevieja y otras localidades levantinas.

Al buscar antecedentes para escribir esta columna, he sabido que en la ciudad de las habaneras la gestión sanitaria estaba privatizada, a pesar de que, como desplazado, acudo en verano a los servicios de salud de la Generalitat. Un 80% de los usuarios consultados en el hospital piensa como yo: no se percibe diferencia alguna, ni siquiera en los rótulos o en los logotipos. La única marca autorizada es la de la Generalitat; la titularidad y responsabilidad del servicio siguen siendo públicas; la asistencia, contratada externamente; calidad, la misma.

A la vista de esta positiva experiencia, también seguida por la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Castilla -La Mancha va a aplicar la gestión privada a los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Almansa y Villarrobledo. Sólo desde un sectarismo partidista se puede rechazar este modelo de gestión, siempre que se mantengan los parámetros de Valencia.
Dejemos hablar al tiempo.



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