15 Mar La CEOE reclama más colaboración público-privada en el ámbito de los servicios sociosanitarios

Redacción Médica / Enrique Pita

15/03/2012

 

 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estima que la inversión necesaria en el ámbito de la dependencia en los próximos años se acerca a 4.600 millones de euros para la construcción de 76.000 camas de atención a dependientes, lo que generaría un retorno fiscal del 65 por ciento y permitiría la creación de 50.000 empleos directos estables y no deslocalizables. Así, considera que, en un contexto de recortes, esta necesidad de inversión no podrá ser atendida en exclusiva por las administraciones públicas y apuesta por la colaboración público-privada para abordarla en las mejores condiciones posibles.

El progresivo envejecimiento de la población, con una curva demográfica en la que los mayores cada día ganan más peso, es uno de los grandes problemas endémicos de las sociedades europeas. El llamado Estado del Bienestar ha permitido, en los últimos años, una mejora en los servicios de atención sociosanitaria que se presta a este segmento poblacional que se ha traducido, además, en una mejora de su calidad de vida. En este marco se sitúa, por ejemplo, la llamada Ley de Dependencia española. Sin embargo, esta mejora de la atención a los mayores y dependientes no es gratuita, requiere de una importante inversión pública y privada para adecuarse a las necesidades. Y en un contexto de crisis como el actual es necesario buscar nuevas alternativas a las que tradicionalmente se han llevado a cabo en España y apostar.

La CEOE ha presentado un informe a través de su Comisión de Concesiones y Servicios que analiza el sector de las infraestructuras públicas en régimen de concesión y de los servicios públicos en España. Entre otros aspectos, ha analizado los equipamientos sociosanitarios y de atención a la dependencia, cuyo grupo de trabajo está presidido por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste). La secretaria general de esta asociación, Alicia Azaña, explica que “en un contexto de recortes como el actual estas inversiones no se van a realizar solo desde el ámbito público”. Así, en el ámbito de la atención a personas dependientes, la Comisión realiza una serie de propuestas como el desarrollo de la actual Ley de Dependencia o una mayor coordinación con Sanidad, lo que permitiría ahorrar “1.500 millones de euros al año”. Pero quizá el nudo gordiano de este informe se encuentra a la hora de evaluar la apuesta que realiza por la colaboración público-privada a la hora de invertir en la creación de equipamientos.

Como explica Alicia Azaña a Redacción Médica, “en el informe hacemos un plan de viabilidad para las concesiones, en este caso sociosanitarias, en España. La proyección demográfica dice que un 20 por ciento de la población va a ser mayor de 65 años en un corto plazo de tiempo, y de ella, un 27 por ciento será dependiente, lo que plantea una necesidad de infraestructuras que, en un contexto de crisis, no se puede acometer solamente con la inversión pública”. Por eso, la Comisión plantea “un modelo de colaboración público-privada para dar respuesta al número de plazas residenciales que se tienen que poner en marcha, lo que supondría una inversión de casi 5.000 millones de euros en los próximos 3-4 años que, además, generaría unos retornos fiscales cercanos al 65 por ciento”. Esta inversión, en un sector que es generador de empleo, supondría la creación de cerca de 50.000 puestos de trabajo “estables y no deslocalizables”.

Problemas de las concesiones de servicios sociosanitarios

El informe de la CEOE recoge, además, los problemas a los que se enfrenta el sector a la hora de concurrir a los concursos públicos para obtener concesiones. Así, identifica varios elementos que deberían ser revisados para mejorar las condiciones tales como la duración de los contratos, la revisión de precios o el cumplimiento (o incumplimiento) de la Ley de Morosidad por parte de las administraciones.

En cuanto a la duración de los contratos, señala que normalmente se emplea la fórmula del ‘contrato de servicio’ que permite una duración máxima de cuatro años incluyendo las posibles prórrogas, aunque, explica, algunas administraciones optan por la modalidad de ‘gestión de Servicio Público’, que permite una duración mayor de los contratos. Sin embargo, en los últimos años se observa como algunas administraciones están estableciendo plazos de duración de un año más otro año de prórroga con la intención de poder renegociar precios, “lógicamente a la baja”. Según denuncia la CEOE, una duración tan corta de los contratos no permite desarrollar un proyecto serio, sin que puedan amortizarse ni siquiera los gastos básicos que se producen al inicio de la actividad. Desde su punto de vista, “esta práctica constituye un pacto abusivo y la Ley debería erradicarlo, disponiendo que la duración del contrato garantice la amortización de los gastos e inversiones necesarias para la prestación de servicios”.

Por otra parte, y estrechamente vinculado a lo anterior, la CEOE señala que, de acuerdo con los establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, si la revisión de precios se vincula al IPC debe ser al 85 por ciento del IPC, lo que impide que las prórrogas del servicio para el contratista, ya que “no puede asumir los incrementos de costes, especialmente laborales” que se acumulan a lo largo de varios años. Así, reclama que la Ley prevea que la revisión de precios garantice el mantenimiento del equilibrio económico del contrato.



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