18 Dic Sanidad Pública, participación privada

Las Provincias / José S. Giménez

18/12/2011

 

 

La Sanidad Pública debe enfrentarse en los próximos años a los retos de resolver el déficit que arrastra y al de mantener las actuales prestaciones sin merma alguna de su universalidad y de la calidad asistencial, en un escenario que viene determinado, entre otros, por los siguientes datos:
-Los más de 63.000 millones de gasto anual que representa para las arcas públicas, suponiendo desde un 30 a un 60% de los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
-Un crecimiento anual de dicho gasto superior al 6%.
-La existencia de un déficit acumulado superior a los 10.000 millones de euros.
-El recorte presupuestario derivado de las actuales circunstancias económicas (menos ingresos públicos e inexistencia de financiación).
-Y las mayores exigencias actuales en la atención y prestaciones sanitarias derivadas del mayor envejecimiento de la población, los avances de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, la demanda de mayor calidad en la atención y la sostenibilidad de unas proyecciones e infraestructuras creadas al albur de unas circunstancias económicas muy diferentes a las actuales.
Esta situación sólo puede tener remedio a través de dos medidas, la captación de recursos procedentes de las infraestructuras existentes, y el control y reducción del gasto. Ambas medidas van a suponer que el Sector Sanitario Público deba contar con la participación privada.
A tal efecto van a ser necesarias fórmulas en las que, sin poner en riesgo nuestro sistema público de salud, hagan posible el establecimiento y adopción de soluciones revestidas de plena seguridad jurídica, agilidad y eficiencia.
Sin embargo, la actual legislación española sobre las posibilidades de participación del sector privado en la sanidad pública es ciertamente limitada y no responde a las exigencias mencionadas. En efecto, contrariamente a lo que muchos han esgrimido desde un ámbito no jurídico, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, no supuso grandes cambios desde la perspectiva de la participación privada a que nos referimos. Dicha norma introdujo en el sistema sanitario público la gestión indirecta a través de entidades de naturaleza o titularidad pública tales como empresas públicas, consorcios o fundaciones. Con ello se intentaba dar mayor eficacia y eficiencia a la gestión o administración de la Sanidad pública al poderse sujetar dichas entidades públicas, en su actuación, al derecho privado. Pero en lo relativo a la participación privada, la Ley no fue más allá de los sistemas que ya se contemplaban en la Ley General de Sanidad, a la que se remitió.
Es innegable que la Ley General de Sanidad, todavía hoy vigente tras más de veinticinco años de historia, no pudo si quiera adivinar las grandes transformaciones que la sanidad ha experimentado. En concreto, en lo referente a la participación del sector privado con la sanidad pública, la Ley ni siquiera la contempló como tal, sino que se limitó a establecer puntuales y residuales colaboraciones a través de los tradicionales convenios singulares, consorcios o conciertos. No podía ser de otra forma en una configuración del sistema nacional de salud cuyo desarrollo y prestación se reservaba, mediante actuación directa, a la propia Administración Pública.
Es cierto que con estas reglas de juego se han llegado a establecer, a través de la combinación de distintos tipos de contratos públicos (contemplados inicialmente en la hoy derogada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y posteriormente, en la vigente Ley de Contratos del Sector Público), colaboraciones más ambiciosas bajo la fórmula denominada “modelo Alzira”, que ha permitido en determinadas áreas de salud la construcción de Hospitales Públicos y su posterior gestión (incluida la atención especializada) por una entidad privada a través de un sistema de remuneración, principalmente, por pago capitativo. Pero, al margen de que para la creación y desarrollo de este sistema de colaboración ha sido necesaria una gran dosis de astucia, acompañada de una esmerada interpretación de la norma, lo bien cierto es que las necesidades actuales van más allá de una fórmula que ayude al sistema público de salud a la implantación y gestión de nuevas infraestructuras, por cuanto de lo que se trata ahora es de contemplar y regular formulas de colaboración entre el sector sanitario público y el sector privado que permitan poner en valor las infraestructuras públicas de las que se disponen con transmisión del riesgo de las mismas y de su gestión, a la participación privada.
En este sentido, la Ley de Contratos del Sector Público desaprovechó la oportunidad de establecer con carácter decidido una completa regulación del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y se limitó a configurarlo como una combinación de los diferentes contratos públicos que regula la Ley y, más aún, lo contempló como un sistema al que se podría acudir como último remedio y sólo cuando otras fórmulas alternativas de contratación no permitiesen la satisfacción de las finalidades públicas.
Además, las especiales características del sector sanitario público, así como la sensibilidad social y política que despierta, hacen necesario contar con un marco legal actualizado en un doble ámbito. De un lado, debe abordarse una reforma de la legislación general de sanidad que parta de la base de que los recursos privados son parte del sistema como elemento estable y permanente y no como un mero recurso de carácter puntual, secundario y residual, debiendo abrirse a nuevas formas de participación privada en la Sanidad Pública, siempre bajo la condición de garantizar una sanidad pública que respete todos y cada uno de los principios predicables actualmente de la misma (universal, gratuita, igual para todos, eficaz y de calidad) y que en los casos en que exista una participación privada, el Estado se encargará de tutelar, controlar e inspeccionar el cumplimiento de estos principios que hay que contemplar como irreversibles. Y de otro lado, habrá que establecer de forma decidida una reforma de los sistemas de contratación pública de dicha participación privada y que, igualmente, no sea una formula subsidiaria sino una fuente esencial del sistema, dando un impulso definitivo al contrato de colaboración del sector público con el sector privado, estableciéndolo como autónomo, flexible, capaz de albergar y contemplar la complejidad que presentará dicha colaboración, permitiendo la introducción de mecanismos que corrijan las críticas que pudieran realizarse a la participación privada en el ámbito de lo público (competencia, finalidad de lucro, calidad, transmisión del riesgo, penalizaciones, cesión, contraprestación por objetivos, etc.).
Conviene recordar las conclusiones del, ya lejano en el tiempo pero actual en contenido, informe Abril, que al respecto decía que el carácter de servicio público no está determinado por la forma jurídica en que se organiza, sino básicamente por la naturaleza de su función, por el origen público de los recursos que la financian y por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la asistencia.
En definitiva, se hace necesaria una actuación rápida y decidida que permita despejar dudas e introduzca seguridad, fiabilidad, eficacia y flexibilidad, sólo de esta forma será posible desarrollar con éxito estas fórmulas de colaboración.

 

 



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