18 Jul Nuestra realidad sanitaria

ABC / Carlos González-Vilardell. Presidente del Colegio de Médicos de Sevilla

18/07/2011

 

 

Dado el momento tan especial que estamos viviendo, desde una crisis general, hace que miremos con más humildad el Estado del Bienestar. El agotamiento de modelos políticos, incapaces de regenerarse, sin un modelo económico serio fuera de la demagogia y la prepotencia, que han basado su permanencia en el clientelismo (PER, Eres, asesores, subvenciones…), la componenda, el miedo, la memoria histórica, el triunfalismo garbancero… sin afrontar con valentía la realidad… todo esto hace que se cuestione un bien primario que tantos esfuerzos y años nos ha costado a los españoles: la Sanidad.

Nuestra consejera lleva cuatro años sin recibir de manera oficial a nuestras corporaciones médicas, olvidándose de que tenemos más de treinta y tres mil médicos colegiados y de que nuestro registro es el más importante, con mucha distancia del de las sociedades profesionales, sociedades científicas, sindicatos o cualquier otra asociación profesional médica que esté legalmente registrada. Me atrevo a decir que la suma de todos ellos no alcanza nuestro número de colegiados. Tenemos el deber de poner en valor y resaltar el enorme sacrificio que el profesional médico soporta intentando cumplir con sus obligaciones. El esfuerzo por dar un buen servicio, a pesar de no cubrirse las «bajas», la presión asistencial, la dificultad en poder desarrollarse con una carrera profesional que es la peor de España y que no facilita la progresión; y más recientemente el recorte en las retribuciones que ha dado lugar a una nómina que no se corresponde con su preparación y responsabilidad.

Todo ello, tolerando la contratación de compañeros extracomunitarios, que aún no tienen cumplido los requisitos para su total homologación en la titulación de especialista, cometiendo con ello una competencia desleal con respecto a lo que se exige a los «de aquí» y por supuesto una impostura ante el paciente. La amenaza velada de nuevos recortes, el intento de sustituir al médico por otros profesionales sanitarios (Unidades de Gestión Clínica) intentando consensuar la medida con organizaciones sindicales que, si antes eran afines, ahora son reticentes, obligando a «posponer» la iniciativa para cuando soplen mejores vientos. Todas ellas son medidas que atentan contra la cacareada «excelencia», sustituida por la baratura por obra y gracia de la «dedocracia», para aquellos que cada vez se ven más inmersos en el concepto de «empleados» y no de profesional titulado.

Son injustas las amenazas con la «privatización» de las prestaciones de la sanidad pública, de que «nos va a costar dinero ir al médico», cuando se conoce que los acuerdos con la medicina concertada es una más que probable solución en experiencias como el modelo Alcira, el modelo Muface… El crecimiento de las pólizas de seguros sanitarios, debe ser digno de atención y de estudio, desde la modestia, en aras de un pacto serio responsable y no una huída hacia adelante, que agrava día a día las bases del mantenimiento del sistema, quemando a los médicos, y mañana, quizás, al «usuario» dejando una tierra yerma para el que venga detrás. Una Administración que desoye a las corporaciones, e intenta «crear» autonómicamente una Ley de Registro del Profesional Sanitario a su acomodo, sin contemplar una Ley de rango superior, por ser del Estado, para presumir que en Andalucía somos los primeros en quitarles la competencia que la Ley les otorga a las corporaciones, junto con la colegiación no obligatoria ( en la que también somos pioneros) y la promoción a la descolegiación, sobre todo en cargos administrativos y afines. Recurrido este decreto, y en el alero judicial , actualmente no se dispone de un registro completo del profesional sanitario en Andalucía. No habiendo podido producirse el efecto deseado de «cargarse» las corporaciones que tienen la mayoría de los profesionales pero que pueden estorbar porque «opinan» por su cuenta.

Los estudiantes de medicina observan con estupefacción como se les exige unos méritos académicos altos, pero los cupos extracomunitarios acceden a las plazas de MIR con una notable menor carga de exigencia. Hace pocas semanas un decreto del Ministerio de Trabajo ha impedido, de repente, la compatibilización de la pensión de jubilación y el ejercicio privado, destruyendo unos derechos adquiridos y un amplio tejido empresarial, y que como «moneda de cambio» que está a disposición y en almoneda, ahora se deroga, con la paradoja que es el propio partido en el poder el que lo apoya (!!!).

La jubilación obligatoria a los 65 años (otra primicia andaluza) sin mirar derechos adquiridos, aparece como un «tsunami» que no previó las consecuencias del «vacio de profesionales» que produjo, para, al cabo de poquísimos años del «experimento», volver a ampliarla a los 70 años (no se contempla la necesidad de dar explicaciones a los perjudicados, ni de dimitir alguien). Toda esta sucesión de acontecimientos, provoca la sensación de precariedad e improvisación. De cómo se toman las decisiones: si cuela, coló, y si no, damos marcha atrás, que aquí no protesta nadie. Urge gestionar con criterios serios, apoyarse en aliados naturales, buscar consensos y no imposiciones, urge reducir soberbia, pero no prestaciones. Escuchar, oír, consensuar con todos los agentes implicados, puede ser y debe ser un punto de partida para conservar nuestra sanidad pública.



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